Integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos exigieron al gobierno de Eruviel Ávila Villegas la identificación de los cuerpos localizados a un costado de las vías del tren en Huehuetoca, Estado de México, y denunciaron que la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEM) no siguió los protocolos establecidos para levantar los cadáveres.
Reunidos a unos pasos de la lumbrera donde fueron encontrados los restos de los desaparecidos, en la antigua estación del tren, Yadira González Hernández, de Querétaro, –quien desde hace 10 años busca a su hermano Juan–, y Nancy Rosete –madre de Axell Torres desaparecido en 2010–, aseguraron que durante la limpieza de una lumbrera, trabajadores de Ferrocarriles de México sacaron de entre la basura restos humanos que hasta ahora no saben dónde están.
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La versión de las mujeres contradice el comunicado de la PGJEM, que sostiene que “personal de la dependencia ha extraído 12 bolsas de plástico con restos óseos y prendas de vestir”, además de que realizó “diligencias correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de los restos”, aplicando “los protocolos correspondientes”.
Sacaban “basura de un pozo”
Primero fue Yadira González quien dio la voz de alerta a otros colectivos el pasado 9 de agosto. Frente a un montón de basura de la que emanaba un nauseabundo olor, narró que al seguir una pista para ubicar a un indigente en Huehuetoca con rasgos similares a los de su hermano Juan, “rumores del pueblo” la condujeron a ella y a su familia a un “pozo en el que se habían exhumado 10 cuerpos”.
Al llegar al lugar, en inmediaciones de la antigua estación del tren, a 300 metros de la presidencia municipal, ella y su familia se percataron de que el área no estaba acordonada y que “había gente sacando restos del pozo, sin traje especial, sin seguir protocolos, no había patrullas sólo carros particulares, estaban estaba sacando basura y usaban una manguera para sacar el agua”.
La activista dijo que al interrogar al personal, le confirmaron que eran empleados de Ferrocarriles de México que estaban “sacando basura de un pozo”. Agregaron que ya habían llenado cuatro camiones de volteo. Pero su jefe, de nombre Lupillo, les confirmó que habían sacado 10 cuerpos, “que no estaban completos porque había muchas ratas”.
El capataz del grupo de trabajadores le explicó que “cuando encontraban restos lo ponían a un ladito; cuando eran cantidad considerable, le hablaban al Ministerio Público para que viniera a llevárselos”.
Yadira González sostuvo que durante el tiempo en que observó la operación no hubo personal médico forense, peritos especializados ni personal de la PGJEM o de la Procuraduría General de la República (PGR).
Indignada por la comunicación emitida por la Procuraduría estatal, Nancy Rosete recriminó que la dependencia diga que “actuaron de manera eficaz”. Dijo: “yo pude ingresar al pozo, no hubo nadie que me detuviera, me dieron información sin conocerme, y según las palabras textuales de Lupillo, no eran cuerpos, sino puros huesos porque está lleno de ratas”.
La mujer agregó que el pasado viernes 12, una vez que los colectivos de familiares estaban alertados de lo que ocurría, se presentó en la vieja estación de Huehuetoca, corroboró que “todo seguía igual, no había policía ni resguardo”.
Lupillo dijo a ella y a otro amigo que tiene cuatro hermanos desaparecidos, “que además de los diez cuerpos, había restos de animales y a nosotros nos dijo que trabajaba para el ayuntamiento de Huehuetoca”.
Así sean empleados de Ferrocarriles Nacionales o municipales, resaltó la familiar del desaparecido, “no tienen la capacitación para saber distinguir entre un resto humano y la basura. ¿Quién nos puede garantizar que entre este montón de basura que dejaron aquí descubierto no hay más restos?”, dijo al señalar el montículo del que sobresalían restos de ropas y zapatos.
La activista resaltó que durante su visita fueron seguidos por policías municipales y que lo mismo ocurrió con otro familiar de desaparecidos que visitó el sitio posteriormente.
Exigen información
González y Rosete reclamaron que por el trato indigno y poco profesional que se dio a los restos humanos, no hay forma de garantizar que éstos “no estén en un basurero”.
Por ello, exigieron que las autoridades proporcionen los números de expedientes abiertos y muestren dónde están los restos debidamente embalados y resguardados.
Alicia Trejo, Mónica Orozco y Guillermina Hernández, madres de otros desaparecidos, se sumaron a la exigencia a la PGJEM para que identifique los restos humanos.
Las familiares de desaparecidos reclamaron que las autoridades les exijan apegarse a protocolos para levantar cadáveres y que las autoridades les ponen obstáculos para actuar en la búsqueda de víctimas.
Por ello, convocaron a quienes tengan información sobre la ubicación de fosas con cuerpos de desaparecidos, a proporcionarla de forma anónima. Insistieron en que no les importa quién cometió un crimen sino reencontrarse con sus seres queridos.
Volga de Pina Ravest, abogada del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia (IMDHD) –organización que acompaña a los colectivos de familiares de desaparecidos–, calificó como “gravísimo” el tratamiento que las autoridades están dando a los restos humanos encontrados en Huehuetoca.
“Están dándoles un trato de basura, sin ningún protocolo, quiere decir que ahora además de buscar en fosas, ¿las familias van a tener que ir a los basureros? ¿cuándo van a localizar a sus seres queridos?”, preguntó.
La litigante resaltó que después del descubrimiento han recibido información de que “en toda la ruta del tren hay varios puntos similares con restos humanos que no están siendo rescatados ni se les está dando un trato adecuado para su debida identificación”.
Cabe la posibilidad, añadió, de que los restos hallados correspondan a migrantes, al ser zona de tránsito hacia la frontera norte. Luego, lamentó que no existan cifras claras de la magnitud del problema.
“El Estado de México se distingue por su gran opacidad. No sabemos cuántos desaparecidos hay, porque de forma tramposa no se reportan los casos, los clasifican como extraviados o no localizados, lo que no está clasificado como delito grave. Por eso, las autoridades no están obligadas a proporcionar información, sólo si se trató de secuestro, considerado delito de alto impacto.
“Tratándose de migrantes la situación es peor, porque no hay quién denuncie las desapariciones. Y si a todo ello le sumas que las autoridades ponen los restos en bolsas de basura y otros estarían en basureros, la tragedia es mayor. No hay forma en que los familiares rescaten a sus seres queridos”, lamentó.
FUENTE: PROCESO
