El gobierno federal presentó ante el Congreso su iniciativa de reforma social y hacendaria, mediante la cual busca captar más recursos para atender de mejor manera a la población en aspectos de seguridad social, educación y seguridad pública.
Para lograrlo, se plantean modificaciones que amplíen la capacidad financiera del Estado con base en un incremento en la plataforma de los impuestos al ingreso, esto por medio de reducciones a las exenciones, deducciones y tratamientos preferenciales.
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Uno de los principales objetivos de la reforma es establecer un Sistema de Seguridad Social Universal que garantice un ingreso a todos los mexicanos mayores de 65 años y un seguro para apoyar el ingreso de los trabajadores que pierdan su empleo, independientemente de su condición social o estatus laboral.
Para conservar el derecho a recibir el pago de la Pensión Universal, los beneficiarios deberán atender los esquemas de prevención en materia de salud pues será un beneficio complementario a las pensiones del sistema de ahorro para el retiro.
El seguro de desempleo será financiado a través de contribuciones patronales ligadas al empleo formal y estará reforzado con recursos presupuestales del Estado. Podrán acceder a la prestación todos aquellos desempleados del sector formal (permanentes o eventuales) independientemente de la situación que haya originado el episodio de desempleo.
La Reforma Social y Hacendaria propone gravar con el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas a una tasa de 1 peso por litro con lo cual se busca desalentar el consumo de calorías y se espera también reducir la incidencia de obesidad y sobrepeso, particularmente entre los niños.
También la reforma contempla una disminución en el desliz mensual a 6 centavos para la gasolina magna y 8 centavos para la gasolina Premium y el diesel, ya que para 2014 los mercados de futuros proyectan que se detendrá la tendencia ascendente en la referencia internacional de los combustibles, por lo cual se estima que es posible reducir el ritmo de desliz.
Ello implica que el movimiento de la gasolina Magna se reduce en 45 por ciento y los deslices en la gasolina Premium y el diesel disminuyen 27 por ciento.
Como parte del nuevo régimen fiscal de Pemex se establece un pago moderado de alrededor de 10 por ciento, del valor de la producción al mismo tiempo que se contempla la distribución de la utilidad operativa entre el Estado y la paraestatal dividida de acuerdo a porcentajes preestablecidos. Pemex pagará ISR como cualquier otra empresa en México.
Sin embargo, dada la importancia de Pemex en las finanzas públicas, se prevé una migración gradual de las actividades de exploración y producción a este nuevo régimen y que la reforma al régimen fiscal entre en vigor a partir de enero de 2015.
Además se propone la introducción de un impuesto a la producción e importación de combustibles fósiles, para gravar estos combustibles de acuerdo con su contenido de carbono a una tasa de 70.68 pesos por tonelada de carbono al tiempo que se sugiere gravar con un impuesto del 0 al 9 por ciento a los plaguicidas, herbicidas y fungicidas.
De acuerdo con el documento, la iniciativa en materia hacendaria tiene la capacidad de añadir hasta 1.4 puntos porcentuales a la captación tributaria del país en 2014, lo que equivale a 240 mil millones de pesos; y para 2018 puede llegar a ser de 2.9 puntos.
Actualmente, la recaudación de impuestos en México es de 13.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), considerablemente menor a los países de la OCDE y América Latina que alcanzan hasta 24.3 por ciento.
En búsqueda de una mayor simplificación fiscal, la iniciativa propone establecer un impuesto único al ingreso empresarial, de tal forma que se eliminen en el impuesto empresarial a tasa única (IETU) y el impuesto a los depósitos (IDE); para que de esta forma quede solamente el impuesto sobre la renta (ISR).
En este sentido, indica que una nueva ley del impuesto sobre la renta haría más simple el esquema y facilitaría sustancialmente su cálculo y pago; además, se elimina 77 por ciento de los regímenes preferenciales y 47 por ciento de tratamientos especiales
Adicionalmente, con el fin de aumentar la progresividad del ISR, se creará un nuevo escalón para los ingresos mayores a 500 mil pesos anuales, los cuales serán gravados con una tasa de 32 por ciento. Con ello se eleva la tasa a la que se gravan los ingresos del 1 por ciento más rico de la población.
La reforma propone gravar con un impuesto de 10 por ciento los ingresos de las personas físicas por ganancias de capital en la venta de acciones y distribución de dividendos, con lo cual se gravan las ganancias en la bolsa de valores.
Entre los tratamientos especiales que desaparecerán se encuentra la consolidación fiscal, la cual, según indica la reforma, se ha prestado a prácticas abusivas para que las empresas reduzcan el pago de sus impuestos.
Además los desarrolladores inmobiliarios no podrán deducir el gasto en terrenos al momento de adquirirlos; y ahora, al igual que el resto de las empresas tendrá que ser hasta que se efectúe la venta.
El sector minero también perderá privilegios, dado que ahora no les será posible deducir en su totalidad los gastos por exploración en periodos pre operativos, y será hasta una vez que comiencen a operar.
Asimismo, se elimina la deducción del gasto en restaurantes así como por la compra y renta de automóviles pues en algunos casos las empresas reducían el pago de sus impuestos por inversiones de automóviles que no se destinan a las actividades del negocio y porque los consumos en restaurantes se daban con fines recreativos.
La propuesta del gobierno establece topes a exenciones y deducciones personales que se pueden realizar en un año dejando el límite será el equivalente al mínimo entre dos salarios mínimos anuales y el 10 por ciento de los ingresos totales de la persona.
También se contempla eliminar exenciones en el pago de IVA como los servicios educativos ya que esto favorece a la educación de paga y que la hace regresiva.
Las ventas y arrendamiento de casa habitación, los pagos de hipoteca y el transporte público foráneo de pasajeros también pagarán IVA. El transporte público urbano y suburbano permanecería exento del impuesto.
Actualmente, las operaciones en la región fronteriza esta sujetas a una tasa IVA preferencial de 11 por ciento hecho que, a decir del gobierno, es una tasa regresiva, ya que reduce el pago de impuestos de los habitantes de regiones de mayores ingresos a los del resto del país pues en ese zona fronteriza el ingreso per cápita es mayor en 27 por ciento al promedio nacional.
