Monopolio del Transporte atenta contra la economía popular

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Ha venido atrayendo la atención pública el conflicto del transporte en Zumpango y municipios aledaños del Estado de México, protagonizado principalmente por el llamado “zar del transporte”, Axel García Aguilera, y de otra parte, pequeños grupos de transportistas independientes que intentan participar en esa actividad para ganarse honestamente la vida. El de García Aguilera es un poderoso monopolio, que le ha permitido ser presidente municipal y subprocurador general de justicia estatal.

Los trabajadores del volante que necesitan y desean trabajar en la región han hecho saber que el señor García domina las rutas regionales, pues posee, personalmente, cinco mil unidades de transporte, entre combis, microbuses y autobuses urbanos, que, sumados a los de grupos agremiados, llegan más o menos a 10 mil. Y como todo monopolio, defiende su coto con barreras a la entrada, aunque en este caso, de lo más singulares, civilizadas y modernas, como, por ejemplo, darle de tiros a los choferes que se atreven a independizarse; otro sofisticado recurso de competitividad es prenderle fuego a las unidades de los insumisos; en fin, siguen diciendo sus víctimas, se distingue por el uso de tecnología de punta, propia de empresas globalizadas: sacar a punta de garrotazos a sus competidores. Todo esto a ciencia y paciencia del gobierno del Estado de México, sospechosamente tolerante.

Los monopolios, en general, y éste en particular, son mercados donde sólo hay un vendedor o productor de un bien o servicio, normalmente protegido por el Estado, y con poder de mercado: no hay competencia, pues se aplican “barreras a la entrada” para impedir el acceso de otros oferentes, lo que impide que los precios se equilibren entre empresas, a favor del consumidor; el monopolio los fija a su gusto, aprovechando su exclusividad; establece a su conveniencia cantidades de producción y condiciones de venta, y aunque baje el valor de las mercancías, por la reducción en el tiempo de trabajo necesario para producirlas -frecuentemente asociado con el desarrollo tecnológico-, esto no se refleja en el precio, que se mantiene igual o incluso aumenta, la llamada fijación de precios.

Por ejemplo, Telmex tiene una participación de mercado de 90.1 en telefonía fija, y 75 por ciento en la móvil, lo que ha derivado en una de las tarifas más caras del mundo. El oligopolio también afecta; en él existen sólo unos cuantos oferentes, dos en el caso extremo (el duopolio), como el que forman Televisa, 55.7 por ciento de participación en el mercado de televisión abierta, y TV Azteca, 39.5, mancuerna capaz de aplicar altísimos precios a la venta de publicidad, también aquí en daño del consumidor.

Jurídicamente, constituye un monopolio “…el control del mercado por una persona física o persona moral o grupo de personas que operan y controlan los precios de los bienes o servicios en su beneficio”. En México, la ley los prohíbe; a la letra, la Constitución dice: “Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes […].

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social (negritas añadidas, APZ) […]
El desarrollo de una economía moderna, eficiente y verdaderamente competitiva, no puede basarse en estructuras arcaicas como la dNo constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía; petróleos y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos…”. En la obra Las garantías individuales y sociales, de Olivos Campos, J. R., podemos leer en el Artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, ley reglamentaria del Artículo 28 constitucional, que “[…] se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas […] En general, todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de competencia y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios” (pág. 98).
Y es que este mecanismo salvaje no sólo frena el desarrollo económico, sino que daña directamente la economía de las familias; considérese que los sectores sociales más pobres gastan en transporte una parte considerable de sus ingresos (el segundo rubro del gasto familiar después de la alimentación).escrita, que preservan el atraso, y son lesivas, tanto para los pequeños transportistas que desean trabajar en forma independiente, y a quienes se impide competir, como para los usuarios del servicio, sobre todo los más pobres, quienes deben transportarse obligadamente en las unidades del monopolio. Desde el punto de vista jurídico, en estricto acatamiento de la ley, deben ser atendidos por el gobierno estatal los ordenamientos mencionados, para restablecer el orden.

Así pues, por causa de interés social, este monopolio debe ser desarticulado, de manera efectiva, suprimiendo todas las barreras a la entrada que ha establecido, máxime si éstas son ilegales. Debe abrirse el acceso a más competidores, para dar paso a un mercado socialmente menos dañino, más equilibrado, libre de excesos y con menos abusos. Pero eso es precisamente lo que el gobierno se niega a hacer.

*Abel Pérez Zamorano es Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor-investigador en la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo.