Empresarios del Estado de México, hacen un llamado al gobernador, Alfredo del Mazo Maza, al titular de la FGJEM, Alejandro Jaime Gómez y al Delegado de la PROFECO en la entidad, Joel Calvillo, para que investiguen la forma de operar del corralón de Zumpango, denominado Servicios Especializados Barrera, porque se presume que al interior se presentan actos fuera de la ley como robo de autopartes y cobros excesivos por la estancia de unidades retenidas.

Enrique Espinosa Olivar, empresario de la entidad, dijo que se debe regular y transparentar la forma de operar de dicho corralón ya que el pasado mes de agosto del 2020 se inició la carpeta de investigación ECA/FTE/ FCB/082/182641/20/08, por el robo de una retroexcavadora, así que ahora además de ser robado y extorsionado, tiene que pagar 197 mil pesos en el corralón arriba mencionado.

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Precisó que tras el hurto de la maquinaria, propiedad del Centro del Herrero, fue recuperada por elementos de la FGJEM, pero tardó 5 meses para obtener su hoja de liberación y ahora le piden pagar 197 mil pesos por su estancia en el depósito de coches.

En tanto Juan “N”, empresario del transporte que solicitó el anonimato, señaló que es una práctica común en el corralón Servicios Especializados Barrera, los abusos en los cobros y el reclamo de la gente por el desvalijamiento de sus unidades.

Agregó que es evidente el contubernio con las autoridades, porque de manera intencional retienen la liberación de coches recuperados o siniestrados, provocando en muchas ocasiones que la gente pierda sus coches al no poder pagar los supuestos gastos de maniobra y estancia en dicho depósito.

El denunciante aseguró que el inmueble del corralón, ubicado en la calle de Jesús Carranza 26, barrio de San Juan, en Zumpango, es un bunker, ya que nadie tiene acceso a la forma de operar en su interior y mucho menos saben el manejo de las unidades en resguardo.

Los diputados locales del PAN, propusieron reformas al Código Administrativo del Estado de México, para inhibir posibles actos de corrupción, relacionados con el arrastre y las sanciones en los corralones.

De la misma forma propusieron que en ningún caso, el costo de la maniobra y arrastre realizado por la grúa oficial, autorizada, permisionada o concesionada, sea mayor a la infracción.

Sumado a que se pretende que las grúas cuenten con cámaras de video en lugares adecuados que permitan garantizar la integridad de los vehículos y eviten actos de corrupción.

El diputado Edgar Olvera señaló que la iniciativa busca mejorar los servicios auxiliares y garantizar los derechos de los conductores, así como inhibir y prevenir prácticas de corrupción.

El legislador mencionó que la ley en materia de seguridad vial debe representar un cambio sustancial en el desempeño de la autoridad, garantizando los derechos y obligaciones de los conductores y peatones; explicó que “el desconocimiento del reglamento de tránsito, no exime a los conductores de cumplirlo, sin embargo, el desconocimiento y la complicidad crean condiciones que podrían convertirse en actos de corrupción durante el proceso de multa y arrastre”.

Olvera Higuera dijo que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, realizada por el INEGI, reveló que la policía de tránsito registra un nivel de percepción de corrupción del 77.3%, y cuenta con el nivel de percepción de confianza más bajo.

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